La presidenta Cristina Fernández de Kirchner presento un proyecto de ley sobre Papel Prensa que se basa en la investigación judicial por la apropiación de las acciones de dicha papelera por parte del Grupo Clarín y La Nación.
El gobierno sostiene que La Nación, Clarín y La Razón, en 1976 y 1977, adquirieron las acciones de Papel Prensa complicados con el gobierno dictatorial, que exigió a Lidia Papaleo, viuda del banquero David Graiver a ceder la propiedad de la compañía.
Tras lo sucedido, el Grupo Clarín mantiene que dicha acusación es totalmente falsa y ratifica que la operación “fue efectuada de manera absolutamente legítima”. Además, acusa al gobierno de pretender apoderarse de Papel Prensa para controlar la información como ya viene buscando a través de la propaganda oficial, la ley de medios, el control del acceso a la información, el manejo militante de los medios públicos y el aumento de los medios paraoficiales.
Por todo esto, el grupo Clarín señala que el gobierno apela a innumerables mentiras, hechos que no ocurrieron, manipulación de testigos y tergiversa la historia con el propósito de criminalizar a los asociados de Papel Prensa con el objetivo de dominar los medios. Así, en contraposición al testimonio de Papaleo, remarcan que al momento en ser detenidos ilegalmente en la dictadura en 1977, la familia y los miembros del grupo, la operación de venta ya estaba concluida.
Finalmente, el Grupo Clarín asevera que “el abuso manifiesto del Estado para perseguir injustamente a los medios y directivos de empresas periodísticas es una clara muestra de autoritarismo y una amenaza a la libertad de expresión y el resto de libertades individuales”.
Ortigoza, Analía.
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